El triunfo en las urnas y el enorme reto de cumplirle a los votantes
La pasada jornada electoral mexicana configuró un escenario de renovadas oportunidades y retos para el sistema político mexicano. Sin duda, el gran bono de legitimidad con el que arriban gobernantes y legisladores otorga una condición requerida para la gobernabilidad democrática: El consentimiento de la sociedad en aceptar a sus líderes políticos.
Sin embargo, como lo demuestra la historia contemporánea de nuestro país, el consenso social emanado de las urnas no es suficiente. Se requiere de liderazgo, claridad y consistencia sostenidas para dar rumbo y mantener la conducción efectiva de las instituciones públicas a fin de garantizar el contenido sustantivo de equidad, bienestar y progresividad de los derechos humanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas de gobierno. Los cuales deben expresarse en la agenda pública también conocida como agenda de gobierno.
Transitar de plataformas electorales y promesas expuestas durante las campañas políticas a compromisos de gobierno de corto, mediano y largo plazo, que sean posibles de traducir en acciones concretas, implica una mezcla de ingredientes políticos, institucionales e incluso culturales que permita cumplir con la palabra pública empeñada durante el proceso electoral.
Llega entonces el momento en que el sistema electoral y el de partidos interactúan para producir efectos en el sistema de gobierno.
El futuro próximo
En los próximos meses tanto el poder ejecutivo como el legislativo, federal y estatal, formularán sus respectivos planes nacional y estatal, sectoriales, regionales e institucionales; así como la agenda parlamentaria del Congreso de la Unión y de Jalisco. Ahí se fijarán los ejes de trabajo para los próximos tres y seis años.
El contenido y alcance de los instrumentos de planeación representan el primer peldaño de un conjunto de piezas que hacen funcionar al gobierno. Aunque sin lugar a dudas es el presupuesto de egresos en el que se constatará si las promesas se quedan en planes o cuentan con la suficiencia presupuestaría que las conviertan en realidad y así, la ciudadanía podrá evaluar si la oferta política que utilizaron los candidatos en campaña tiene suficiente viabilidad para convertirse en acciones de gobierno. También permitirá apreciar la auténtica orientación y carácter de la clase política respecto a la congruencia de su actuación. Esos primeros pasos de un gobierno fortalecen o erosionan la democracia.
Para llevar a cabo la transición de promesas electorales en actos de gobierno contamos con marco jurídico robusto en la materia. La Constitución de la República en el artículo 26 y la Ley de Planeación del estado de Jalisco y sus municipios en su artículo 9, refieren la existencia y funcionamiento del sistema de planeación democrática del desarrollo, como el mecanismo para que la ciudadanía tome parte en el diseño de los planes de gobierno. Sin embargo, existen fuertes críticas respecto de la vigencia y desgaste del modelo de planeación nacional, ya que se trata de un esquema con más de 30 años, que al parecer, ha logrado buenos documentos de planeación, pero insuficientes capacidades institucionales en la materia.
La real incidencia de la sociedad
Una pieza complementaria que puede potenciar la incidencia de la sociedad en la agenda de gobierno es el repertorio de instrumentos jurídicos establecidos en el Código Electoral y de Participación Social de Jalisco.
Figuras como el presupuesto participativo, referéndum, plebiscito, contraloría social, iniciativa popular y gobierno abierto, permiten desarrollar esquemas de comunicación y cooperación entre los sectores público, social y privado en la formación de los planes de gobierno, y más aún en el día a día de las decisiones políticas.
El espíritu de los mecanismos de participación social es que los poderes públicos sean intervenidos legal y legítimamente con las propuestas de organizaciones civiles, empresarios y grupos de interés para ser incluidas en el proceso de decisión política. El objetivo es corregir desviaciones en la gestión pública y de esa manera hacer valer la voluntad del pueblo. Claro, ello en el entorno de reglas y procedimientos que concretan las figuras de democracia directa.
Hay que recordar que la democracia mide sus frutos no sólo en la determinación de ganadores, sino en la capacidad de confeccionar políticas públicas que respondan a las demandas ciudadanas en congruencia con la visión de la renovada clase política que ocupará los puestos de mando público. ¿Cómo hacerlo?, ¿con quiénes? y ¿bajo qué reglas formales e informales se producirán?
¿De qué manera la ciudadanía podrá mantener control e incidencia en las decisiones y actos de gobierno, y de esta manera conservar el carácter democrático del sistema de gobierno aún fuera de una contienda electoral?
Gobierno responsable
Los puntos clave para dar respuesta a estas interrogantes corren por dos vías. Por un lado, se requiere de un gobierno responsable, con funcionarios profesionales que actúen en un entorno institucional que los vigile e incentive hacia el correcto desempeño de sus tareas.
Por otro lado, se requiere contar con el acompañamiento y corrección de la ciudadanía a través de instrumentos efectivos -no simulados, como ha sido una práctica asistencialista y clientelar del sistema político- que favorezcan y permitan la deliberación, discusión y cooperación social. Esta participación tiene que materliazarse en fijar temas y propuestas que impacten en las decisiones de políticas y la agenda de gobierno, así como en el diseño presupuestario. El gobierno y parlamento abierto son la llave para el ingreso de la administración jalisciense a la gobernanza democrática.
La democracia no es solamente un proceso electoral, sino un sistema de gobierno en el que interactúan agentes, recursos y normas que procuran relaciones de cooperación y coordinación entre la sociedad y su gobierno.
En la ruta que marquen nuestros gobernantes será imprescindible el acompañamiento, e incluso la corrección fraterna de la sociedad civil.
Colaboración del LID para Cuarta
*Gilberto Tinajero es maestro en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara. Profesor de posgrado en temas de diseño institucional, rendición de cuentas, acceso a la información pública y participación ciudadana. Coordinador del Seminario de Investigación anual del Laboratorio de Innovación Democrática (LID).